Spotify ha logrado una importante victoria procesal en una demanda muy seguida que acusa a la compañía de operar una versión moderna y algorítmica del sistema de «pago por reproducción» (*pay-for-play*). Seis meses después de que se presentara el caso, un juez federal ha desestimado por completo el componente de demanda colectiva y ha ordenado que la disputa se resuelva mediante arbitraje privado, poniendo fin, en la práctica, a cualquier posibilidad de un amplio y público escrutinio sobre las prácticas editoriales y algorítmicas de Spotify.
La supuesta «payola moderna» de Spotify se topa con un obstáculo legal
La demanda, presentada en noviembre de 2025 por la suscriptora Genevieve Capolongo, alegaba que el «Discovery Mode» (Modo Descubrimiento) de Spotify y las listas de reproducción propias de la plataforma no eran las herramientas neutrales y basadas en los gustos que la compañía promociona. Por el contrario, argumentaba Capolongo, estas funcionaban como un sistema de «payola» propio de la era digital: un sistema en el que los incentivos comerciales influyen discretamente en lo que escuchan los usuarios.
Según la demanda, las recomendaciones «personalizadas» del Discovery Mode estaban influenciadas por acuerdos promocionales remunerados, mientras que las listas de reproducción insignia de Spotify supuestamente favorecían a artistas de los grandes sellos discográficos, cuyos equipos podían «comprar visibilidad» gracias a su influencia en la industria. Capolongo calificó el sistema de engañoso, afirmando que lo que aparenta ser una popularidad orgánica es, en realidad, un «pago por reproducción».
La demandante pretendía representar a un grupo de usuarios de Spotify a nivel nacional y obligar a la compañía a revelar cuándo la inclusión en una lista de reproducción está motivada por incentivos comerciales.
Spotify, como era de esperar, se defendió con firmeza.
Juez Koeltl: Spotify ofreció un «aviso destacado» sobre los términos de arbitraje
El juez de distrito de los EE. UU., John G. Koeltl, falló a favor de Spotify, concediendo su solicitud para someter el caso a arbitraje y desestimar las reclamaciones colectivas.
La decisión se basó en un mecanismo legal familiar pero poderoso: los términos de servicio de Spotify. El juez Koeltl determinó que Spotify había informado adecuadamente a Capolongo sobre su acuerdo de arbitraje, tanto en el momento en que se registró originalmente como posteriormente, a través de correos electrónicos y notificaciones dentro de la propia aplicación.
«Spotify proporcionó a la demandante un aviso destacado», escribió Koeltl, subrayando que los enlaces a los términos eran claros y accesibles.
El tribunal también desestimó el argumento de Capolongo de que el arbitraje resultaba injusto debido a que las tasas de presentación (unos 215 dólares) superaban la cuantía de los daños y perjuicios que ella podría reclamar (estimados entre 5 y 21 dólares). Ese desequilibrio, dictaminó el juez, no invalidaba el acuerdo. Por qué la demanda colectiva ha desaparecido para siempre
Quizás la parte más trascendental del fallo sea la eliminación del componente de demanda colectiva. Los términos y condiciones de Spotify exigen que los usuarios planteen sus disputas únicamente en su «capacidad individual», lo que significa que no podrán prosperar las reclamaciones de carácter colectivo.
En consecuencia, el juez suspendió el caso a la espera del arbitraje, trasladando así la disputa, en la práctica, a puerta cerrada y fuera del escrutinio público.
Qué significa esto para Spotify... y para la industria
Este fallo no resuelve las acusaciones de fondo relativas al «Discovery Mode», la influencia en las listas de reproducción o la equidad algorítmica. Sin embargo, sí implica que estas cuestiones no se dirimirán en una sala judicial pública con millones de usuarios representados.
En su lugar, la contienda se traslada a un arbitraje privado, donde los resultados suelen ser confidenciales y tienen un impacto limitado en el conjunto de la industria.
Para Spotify, esto supone una victoria estratégica: evita el riesgo de un juicio público, de que se investiguen sus sistemas de recomendación (fase de *discovery*) y de que se dicte una sentencia en una demanda colectiva que siente precedente.
Para los artistas y usuarios preocupados por la transparencia en el *streaming*, constituye un revés. El debate más amplio sobre la «payola» algorítmica, el poder de las listas de reproducción y la influencia comercial continuará, pero no a través de esta demanda.
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