Las discográficas se oponen al apoyo gubernamental a Cox Communications en la batalla por la violación de derechos de autor


 Grandes discográficas contraatacan al gobierno de EE. UU. por el caso de derechos de autor de Cox, que se dirige a la Corte Suprema


La batalla entre las discográficas más importantes de Estados Unidos y Cox Communications ha alcanzado una nueva fase crítica, ahora centrada en la Corte Suprema de Estados Unidos. Las discográficas, entre ellas Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner Music Group, presentaron recientemente una contundente refutación al apoyo del gobierno federal a Cox en su prolongada guerra por los derechos de autor.


Antecedentes: Un veredicto de mil millones de dólares anulado

Los orígenes de la disputa se remontan a 2018, cuando las compañías discográficas demandaron a Cox, uno de los mayores proveedores de servicios de internet (ISP) del país, por presuntamente facilitar la infracción masiva de derechos de autor por parte de miles de sus usuarios. Los demandantes argumentaron que Cox "contribuyó conscientemente a esta conducta ilegal y obtuvo importantes beneficios de ella", ignorando las reiteradas notificaciones de infracción de los titulares de derechos.


En 2019, un jurado de Virginia dio la razón a las compañías musicales, declarando a Cox responsable tanto de infracción contributiva como indirecta, e imponiendo al proveedor de servicios de internet una asombrosa sentencia de mil millones de dólares por daños y perjuicios.


Pero en febrero de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito revocó la determinación de responsabilidad indirecta y anuló la indemnización por daños y perjuicios, manteniendo en pie el fallo de infracción contributiva. Esta victoria parcial para Cox abrió la puerta a que ambas partes elevaran el caso a la Corte Suprema, que desde entonces ha invitado al gobierno de Estados Unidos a intervenir.


El Departamento de Justicia respalda a Cox; las discográficas lo califican de "desconcertante"

En un giro que sorprendió a muchos en la industria musical, el Procurador General de Estados Unidos falló a favor de Cox. El gobierno argumentó que los proveedores de servicios de internet no deberían ser declarados responsables simplemente por no cancelar las cuentas de los clientes en respuesta a las notificaciones de infracción. Según el Departamento de Justicia, la infracción intencional de derechos de autor requiere conocimiento real de que la conducta de un cliente es ilegal, no solo una conciencia general de un posible uso indebido.


Las discográficas, en un escrito complementario presentado el 10 de junio, criticaron duramente la postura del Departamento de Justicia, calificándola de "desconcertante" y desconectada de la realidad del comportamiento de los proveedores de servicios de internet (ISP). Sony y los demás demandantes argumentaron que Cox fue mucho más allá de la negligencia, ignorando activamente pruebas claras de infracciones reiteradas por parte de clientes específicos, priorizando al mismo tiempo sus ganancias.


“Cox… decidió mantener el acceso a internet [a los suscriptores infractores] de todos modos, porque le interesaba más proteger sus propias ganancias que los derechos de autor de los demandantes”, afirmaba el escrito.


El escrito incluso citó comunicaciones internas de Cox en las que los empleados dudaban en dar de baja a suscriptores con altos pagos, como uno que pagaba más de 400 dólares al mes.


Las discográficas acusan a Cox de manipular la DMCA

Las discográficas afirman que Cox se ampara en las protecciones de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) como escudo, incumpliendo sus responsabilidades legales. Según el expediente, Cox tenía una política semioficial que consistía en conceder a los usuarios hasta 13 avisos por infracción antes de siquiera considerar una rescisión suave, tras lo cual muchos usuarios fueron reincorporados rápidamente.


En contraste, el proveedor de servicios de internet (ISP) rescindió el contrato con más de 600.000 usuarios por impago durante el mismo período, lo que demuestra, en opinión de las discográficas, una clara doble moral.


¿Qué está en juego?

Este conflicto legal es uno de varios en los que las compañías musicales están poniendo a prueba los límites de la responsabilidad de los ISP en la era del streaming. Además de Cox, las discográficas han tomado medidas similares contra Charter Communications, Astound Broadband y, más recientemente, Frontier Communications, un caso que se resolvió en mayo.


Ahora, la Corte Suprema debe decidir si revisa la cuestión de la responsabilidad indirecta y, potencialmente, redefinir las responsabilidades legales de los proveedores de servicios de internet (ISP) en materia de cumplimiento de los derechos de autor.


Para las discográficas, hay mucho en juego. Un fallo a su favor podría restaurar la indemnización de mil millones de dólares y sentar un precedente sólido. Para los ISP, el resultado podría determinar si deben adoptar una postura más agresiva en la vigilancia y respuesta a la piratería por parte de los usuarios.


Independientemente de la postura de la Corte, este caso se perfila como un hito en la evolución de la relación entre las plataformas de internet y la industria musical.

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