Pro Music Rights responde a la solicitud del Congreso de una investigación de la FTC
Una nueva disputa se está gestando en el mundo de las licencias musicales en Estados Unidos después de que el congresista Scott Fitzgerald instara a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a investigar si la organización de derechos de ejecución (PRO) Pro Music Rights ha incurrido en «prácticas engañosas». En respuesta, Pro Music Rights ha emitido una extensa refutación, rechazando categóricamente las acusaciones y confirmando que está explorando posibles acciones legales, incluyendo demandas por difamación y antimonopolio, contra lo que describe como esfuerzos coordinados por parte de actores consolidados de la industria para socavar la competencia independiente.
Pro Music Rights, una de las sociedades de gestión colectiva más pequeñas de Estados Unidos que representa los derechos de ejecución de los compositores, fue señalada en la carta de Fitzgerald junto con otra PRO más reciente, AllTrack. La solicitud del congresista a la FTC se basa en gran medida en las preocupaciones planteadas durante una reciente investigación de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos sobre el creciente número de PRO que operan en el mercado estadounidense y las complicaciones que esto crea para los licenciatarios de música que buscan una cobertura integral. Dicha investigación fue impulsada por una carta anterior de Fitzgerald y otros legisladores y concluyó el mes pasado.
Gran parte de la nueva carta de Fitzgerald se hace eco de las críticas presentadas ante la Oficina de Derechos de Autor por BMI, la mayor PRO de Estados Unidos. En su presentación, BMI cuestionó la transparencia y el valor del catálogo de Pro Music Rights, argumentando que es difícil para los licenciatarios determinar qué canciones representa realmente la organización. BMI también cuestionó la afirmación de Pro Music Rights de que controla una cuota de mercado estimada del 7,4% de los derechos de ejecución, basándose en el tamaño de su repertorio, que supuestamente incluye música generada a través del programa de inteligencia artificial de la compañía. Según BMI, incluso si el tamaño del catálogo es preciso, la cuota de mercado debería medirse por el valor real de las ejecuciones, no por el número de obras.
BMI alegó además que las herramientas de búsqueda de repertorio en línea de Pro Music Rights son inútiles y citó litigios anteriores que involucraron a Spotify y Sosa Entertainment, un sello discográfico fundado por el CEO de Pro Music Rights, Jake P. Noch. Esa disputa, que se extendió de 2019 a 2021, incluyó acusaciones de fraude en la transmisión por parte de Spotify, acusaciones que Noch negó.
Pro Music Rights ha rechazado enérgicamente todas estas críticas. En su respuesta a la carta de Fitzgerald, la organización afirmó que «rechaza categóricamente» lo que considera afirmaciones políticamente motivadas y fácticamente inexactas sobre su negocio y repertorio. Insiste en que ha divulgado consistentemente sus prácticas de concesión de licencias, estimaciones de cuota de mercado e información del catálogo tanto en declaraciones públicas como en documentos oficiales. La empresa argumenta que cualquier insinuación de que ella o su fundador “simulan legitimidad” o participan en prácticas engañosas es falsa y difamatoria.
PRO también acusa a las organizaciones tradicionales de intentar suprimir la competencia para preservar su dominio del mercado y reducir los pagos a los creadores independientes. Afirma que la carta de Fitzgerald destaca selectivamente las presentaciones de sus rivales ante la Oficina de Derechos de Autor, ignorando las conclusiones reales de dicha oficina. Cabe destacar que la Oficina de Derechos de Autor no recomendó una reestructuración radical del panorama de las organizaciones de gestión colectiva, sino que hizo hincapié en la necesidad de mejorar la precisión y la transparencia de los datos, en lugar de reducir el número de competidores.
Ante el aumento de las tensiones, Pro Music Rights afirma que está considerando emprender acciones legales no solo en relación con la carta de Fitzgerald a la FTC, sino también con las presentaciones realizadas por BMI y otras organizaciones durante el proceso ante la Oficina de Derechos de Autor. Mientras continúan los debates sobre la transparencia, la competencia y el futuro del licenciamiento musical, este último enfrentamiento subraya lo inestable —y cada vez más conflictivo— que se ha vuelto el mercado de los derechos de ejecución pública en Estados Unidos.
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